Las minas terrestres y los restos de explosivos que quedan tras las guerras siguen matando o hiriendo a entre 15.000 y 20.000 personas al año. La inmensa mayoría de estas víctimas son civiles y un 20 por ciento menores de edad que sufren los efectos de estos artefactos años o incluso décadas después de que haya acabado un conflicto. En algunos países, como Afganistán, la mayoría de las víctimas son menores de 18 años.Colombia, Camboya, Afganistán, Angola, Bosnia e Irak son los países más afectados por las minas antipersona y donde viven los 300.000 supervivientes de las mismas, la mayor parte de los cuales sufre algún tipo de mutilación sin tener acceso a la asistencia necesaria para superar las secuelas físicas y morales.
A nivel económico, fabricar una mina sólo cuesta 3 euros, pero el proceso de desminado supone un gasto inasumible para los países más afectados, ya que localizar, desactivar y destruir cada mina cuesta más de 750 euros, y dado que la mayor parte de las mismas se encuentran en países con pocos recursos.
Hay que poner fin al sufrimiento y las muertes causadas por las minas antipersona, que matan o mutilan a cientos de personas cada semana, en su mayor parte civiles inocentes e indefensos, especialmente niños, obstruyen el desarrollo económico y la reconstrucción, inhiben la repatriación de refugiados y de personas desplazadas internamente, además de ocasionar otras severas consecuencias muchos años después de su emplazamiento.
Es cuestión de voluntad
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