España sigue sin cumplir la Ley de comercio de armas

Las organizaciones Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam denuncian que el Gobierno español sigue sin aplicar la Ley 53/2007, que regula el comercio exterior de armamento y material de doble uso. Las ventas del primer semestre de 2009 demuestran que se está vendiendo material de defensa a países donde no se respetan los derechos humanos como Colombia, Marruecos, Sri Lanka, Tailandia y Guinea Conakry.

Los datos del primer semestre de 2009, aportados por el Ministerio de Comercio, muestran que España exportó material de defensa por valor de 411,1 millones de euros, lo que supone un aumento del 64,5% sobre el mismo periodo del año anterior.

La Ley 53/2007 regula estas ventas, y establece que no se autorizarán transferencias a lugares donde estas armas puedan ser utilizadas para cometer violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario (DIH), donde haya riesgo de desvío a otros países, etc. También establece que a la hora de autorizar exportaciones, el Gobierno debe tener en cuenta los informes de instituciones internacionales como la ONU y organizaciones de derechos humanos.

Así, en Sri Lanka, mientras se estaban recibiendo informes creíbles de Naciones Unidas y ONG según los cuales ambas partes en conflicto habían cometido crímenes de guerra, España autorizó exportaciones por valor de 1,1 millones de euros en la categoría de “bombas, torpedos, cohetes y misiles”.

Informaciones publicadas en los últimos días señalan que la empresa española Aries, Ingeniería y Sistemas alcanzó en 2009 un acuerdo con la compañía israelí Goldtech Technologies. Fuentes de la empresa han reconocido que esto podría ser primer paso para la venta de “tecnología e ingeniería de aviones no tripulados”, también conocidos como ‘drones’ o UAV, “y catapultas de lanzamiento”. Entre los principales clientes de Goldtech Technologies se encuentran el ejército y el Ministerio de Defensa israelí.

Las ONG expresan su profunda preocupación y señalan que si estas operaciones se concretan se estaría incumpliendo de forma flagrante las disposiciones de la ley. Por ello reclaman al Gobierno que explique si ha autorizado o va a autorizar alguna operación de este tipo, y en ese caso cómo ha evaluado el riesgo de que puedan utilizarse para cometer violaciones de los derechos humanos o del DIH. “Por el tipo de producto de que se trata, y por el país de destino, una exportación de este tipo violaría todas las líneas rojas establecidas en la Ley”, ha afirmado Mabel González, de Greenpeace. También vuelven a reclamar al Gobierno español que suspenda todas las transferencias de munición, equipo y ayuda militar a Israel mientras no se pruebe de una manera clara y evidente que no contribuyen a la comisión de violaciones de derechos humanos o del DIH.

Dos años después, muchas preguntas siguen sin responderse y se sigue vendiendo material a destinos muy preocupantes. “Dos años es un plazo más que razonable para lograr una aplicación correcta de la ley, que evite que se siga vendiendo armas a destinos donde su uso puede tener consecuencias muy graves. Exigimos al Gobierno más rigor y una aplicación correcta que hasta ahora no se ha producido”, explica Jordi Armadans, de la Fundació per la Pau.

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