España, cómplice de la esclavitud

Más de dos millones y medio de personas en el mundo son vendidas cada año como si fueran mercancía. Son las víctimas de la trata de de personas, uno de los negocios más rentables del planeta después de la venta de armas y el narcotráfico. Para luchar contra esta práctica el Consejo de Europa ha lanzado La Convención de Acción contra el Tráfico de Personas, un paquete de medidas para ayudar a las víctimas que entra en vigor este viernes, y que el Gobierno español no ha querido apoyar.

Entre las medidas que estos países se han comprometido a adoptar destaca un servicio de atención médica y psicológica para las víctimas así como la asignación de un plazo de recuperación y reflexión de 30 días para que decidan si quieren denunciar a los traficantes. Además se ofrecerá permiso de residencia a aquellas víctimas en situación irregular, al tiempo que se sancionará a los clientes de los prostíbulos.
Según, los datos del Consejo de Europa, más de 600.000 personas, en su mayoría mujeres, son víctimas de la trata en el continente. En la mayoría de los casos acaban en la prostitución, si bien también existen casos en que las mafias les obligan a realizar trabajos forzados, o les quitan los órganos.

Desde la Red Española de Lucha contra la Trata de Personas, lamentan que el Estado Español, “uno de los principales países de tránsito y destino de la trata en Europa”, esté entre los 10 Estados miembros que todavía no han firmado el Convenio.
Por su parte, Amnistía Internacional recuerda que el Gobierno hace más de dos años que prometió la implantación de un Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Trata, el cual aún no ha sido puesto en marcha. Así mismo, la ONG, condena que España siga sin tener datos fiables acerca de esta forma de explotación e insta al Gobierno a tomar cartas en el asunto.