El gobierno español permite la tortura

La policía española tortura y el Gobierno no hace nada para impedirlo. Ésta es la principal conclusión del informe “Privación de libertad y derechos humanos», presentado este martes en Barcelona por la Coordinadora estatal para la Prevención de la Tortura.

Durante 2007 se produjeron un total de 720 denuncias por casos de tortura, 110 más que en 2006. Mujeres, menores, inmigrantes, independentistas y okupas son los colectivos más afectados.

Según el informe, elaborado por un equipo de expertos entre los que encontramos abogados, centros universitarios y organizaciones de defensa de los derechos humanos, la tortura policial es una práctica extendida por todo el Estado español que afecta especialmente a los colectivos más desprotegidos, como las mujeres, los menores, los inmigrantes y también a grupos de disidencia política como anarquistas, independentistas u okupas.

En el caso de las mujeres la mayor parte de las torturas suelen ocurrir en la cárcel y suelen ser de carácter sexual, según apunta el estudio. Del mismo modo “las cárceles para menores”, centros de internamiento, son otro espacio de indefensión que se presta a la tortura.
En opinión de Iñaki García, coordinador del informe y director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, el principal responsable de esta situación es el Gobierno en tanto no aplica los mecanismos de prevención recomendados por las instituciones internacionales.

En este sentido, hace poco conocíamos la decisión de la Dirección de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, de instalar cámaras de vídeo vigilancia en las zonas de reclusión en las que se encuentran las personas detenidas en régimen de incomunicación, conforme a las recomendaciones del relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura y del Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura.

Sin embargo, Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que esta iniciativa no incluya la grabación en las salas de interrogatorio, y que las medidas de grabación se utilicen únicamente cuando las solicita el juez instructor responsable del caso.

Por lo tanto, la organización pide a las autoridades que garanticen que las cámaras de vigilancia se sitúan en todas las zonas de custodia de las comisarías de policía y en cualquier otro lugar en donde pueda haber personas detenidas, salvo en los casos en que esto suponga una violación del derecho a consultar con un abogado o un médico en privado.

Amnistía Internacional también insta a las autoridades a que estas medidas de vigilancia se conviertan en obligatorias en todos los casos y a que se amplíen sin dilación para incluir también a las personas detenidas que no están en régimen de incomunicación.