Desde 2006 España es la octava potencia en exportación de armanento, por delante de España, casualidades de la vida, se encuentran precisamente todos los países del globo “garantes de la paz mundial” que por ello mismo tienen el derecho de veto en la ONU.Un contrasentido que sumar a otro todavía más llamativo: que los únicos miembros permanentes y por lo tanto con derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, el organismo encargado de velar por la paz internacional, se ciñan la corona de principales fabricantes de armas del planeta.
Fruto de la presión de la sociedad civil (encauzada a lo largo de diez años de campaña por organizaciones como Amnistía Internacional, Fundación per la Pau, Greenpeace e Intermón Oxfam), el Congreso de los Diputados español aprobó a fines del año pasado la Ley de Comercio de Armas, que prohíbe expresamente la venta de armas a países en conflicto, donde se violen los derechos humanos o estén sometidos a embargos, y que entre los documentos de control se incluirán cláusulas de no re-exportación, de tal modo que el país receptor se compromete a no vender o transferir esos productos a un tercer país.
Aunque las ONG implicadas en la campaña celebran el nuevo ordenamiento, lamentan que en materia de transparencia la ley no cita por ejemplo la obligación del Gobierno de dar información pormenorizada del producto exportado, la junta que regula la exportación de armas y material de defensa mantenga su arbitrio a la hora de eximir a los exportadores de presentar documentos de control en ciertos casos y no se estipule la obligatoriedad de exigir el certificado de destino y uso final.
¿Se puede condenar la guerra y al mismo tiempo duplicar las ventas de armas que permite escalar hasta el octavo lugar del «ranking» mundial ?
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