La vida de Sakineh Ashtiani, una iraní de 43 años acusada de adulterio, pende de un hilo. Pese a que la Embajada de Irán en Londres aseguró que no sería lapidada, Teherán no confirma esta información. La comunidad internacional clama contra esta práctica bárbara recogida en el Código Penal iraní. A pesar de la moratoria en la aplicación de la lapidación de los adúlteros acordada con la Unión Europa en 2002 se han ejecutado, desde entonces, al menos a cinco personas. Los activistas de derechos humanos denuncian el frecuente recurso de Irán a la pena de muerte, incluso para los homosexuales y quienes delinquen siendo menores.
La mujer, de 43 años, fue condenada a 99 latigazos por "relación ilícita" con el presunto asesino de su marido en 2006. Sin embargo, durante el juicio contra este, el juez decidió reabrir el caso y, a pesar de carecer de testigos, concluyó que dicha relación se había producido en vida del finado lo que constituía "adulterio" y dictaminó el apedreamiento.
Ni su denuncia de que había sido coaccionada para que confesara el delito, ni su solicitud de perdón, ni las peticiones de clemencia de sus dos hijos, han conmovido a las autoridades. Sajad, de 22 años, y Farideh, de 17, han proclamado en todo momento la inocencia de su madre, un paso tan inusual como valiente, ya que la mayoría de las familias suelen dar la espalda a las mujeres acusadas de adulterio en aras de un trasnochado sentido del honor. Agotadas todas las vías jurídicas, ambos y su abogado, Mohammad Mostafaei, recurrieron a las organizaciones de derechos humanos que lanzaron una campaña internacional para salvar a Ashtiani.
Fue esa movilización, y el anuncio de manifestaciones ante las embajadas iraníes en las principales ciudades de Europa, lo que hizo reaccionar ayer a la legación diplomática en Londres. Pero ni los hijos de Ashtiani ni su letrado recibieron ninguna comunicación de los responsables judiciales.
Según Amnistía Internacional, Irán ejecutó a 388 personas el año pasado, el segundo mayor número después de China que tiene 20 veces más de población, y ya lleva al menos 126 ajusticiamientos este año. El método más habitual es la horca. A las numerosas dudas sobre los procesos judiciales que plantean los defensores de los derechos humanos, se suman violaciones explícitas de los convenios internacionales que el país ha firmado, como las ejecuciones de menores de edad.
Otro capítulo sangrante es el de los homosexuales. Aunque esa condición en sí no constituye un delito en la República Islámica de Irán, está penada cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Así, las ejecuciones de gays suelen atribuirse, con motivo o sin él, a violaciones, asesinatos o tráfico de drogas, delitos todos ellos penados con la muerte. Tal es el caso de Ebrahim Hamidi, quien según la Iranian Queer Organization con base en Canadá, ha sido condenado a muerte por sodomía "sin la menor prueba y después de haber sido torturado".
La mujer, de 43 años, fue condenada a 99 latigazos por "relación ilícita" con el presunto asesino de su marido en 2006. Sin embargo, durante el juicio contra este, el juez decidió reabrir el caso y, a pesar de carecer de testigos, concluyó que dicha relación se había producido en vida del finado lo que constituía "adulterio" y dictaminó el apedreamiento.
Ni su denuncia de que había sido coaccionada para que confesara el delito, ni su solicitud de perdón, ni las peticiones de clemencia de sus dos hijos, han conmovido a las autoridades. Sajad, de 22 años, y Farideh, de 17, han proclamado en todo momento la inocencia de su madre, un paso tan inusual como valiente, ya que la mayoría de las familias suelen dar la espalda a las mujeres acusadas de adulterio en aras de un trasnochado sentido del honor. Agotadas todas las vías jurídicas, ambos y su abogado, Mohammad Mostafaei, recurrieron a las organizaciones de derechos humanos que lanzaron una campaña internacional para salvar a Ashtiani.
Fue esa movilización, y el anuncio de manifestaciones ante las embajadas iraníes en las principales ciudades de Europa, lo que hizo reaccionar ayer a la legación diplomática en Londres. Pero ni los hijos de Ashtiani ni su letrado recibieron ninguna comunicación de los responsables judiciales.
Según Amnistía Internacional, Irán ejecutó a 388 personas el año pasado, el segundo mayor número después de China que tiene 20 veces más de población, y ya lleva al menos 126 ajusticiamientos este año. El método más habitual es la horca. A las numerosas dudas sobre los procesos judiciales que plantean los defensores de los derechos humanos, se suman violaciones explícitas de los convenios internacionales que el país ha firmado, como las ejecuciones de menores de edad.
Otro capítulo sangrante es el de los homosexuales. Aunque esa condición en sí no constituye un delito en la República Islámica de Irán, está penada cualquier relación sexual fuera del matrimonio. Así, las ejecuciones de gays suelen atribuirse, con motivo o sin él, a violaciones, asesinatos o tráfico de drogas, delitos todos ellos penados con la muerte. Tal es el caso de Ebrahim Hamidi, quien según la Iranian Queer Organization con base en Canadá, ha sido condenado a muerte por sodomía "sin la menor prueba y después de haber sido torturado".
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