Las ONG Greenpeace y Fundació per la Pau denuncian que España protege la postura de las empresas armamentísticas.
Los reparos del Gobierno lo sitúan junto a los principales países productores de estas bombas. Son China, EEUU, Alemania o Brasil, frente a otros que ya se han postulado por su eliminación total como Noruega, Austria o Bélgica.
Los reparos del Gobierno lo sitúan junto a los principales países productores de estas bombas. Son China, EEUU, Alemania o Brasil, frente a otros que ya se han postulado por su eliminación total como Noruega, Austria o Bélgica.
Los gobiernos de los países donde hay fabricantes pretenden aprobar un tratado que elimine las bombas antiguas, pero no las actuales. Según ellos, los artefactos modernos son seguros. Greenpeace y la Fundació per la Pau denuncian que esa excepción evitaría el "estigma" necesario sobre esta munición tan mortífera con los civiles y se seguiría utilizando. "No hay bombas de racimo buenas o malas, como tampoco había minas antipersona más o menos destructivas", resume Mabel González, de la ONG ecopacifista.
Las bombas de racimo fueron lanzadas por última vez en Líbano en 2006. El ejército israelí bombardeó con cuatro millones de pequeños artefactos de fabricación estadounidense e israelí las ciudades libanesas. Un millón de ellas no explotaron. Una misión de la ONU, en la que paradójicamente participa España, se encarga ahora de limpiar estos explosivos. Sin embargo, muchos niños de la zona caen en la trampa de coger un artefacto brillante del tamaño de una mano como si fuera un juguete. La consecuencia inevitable es la amputación de la mano.
En la última reunión que mantuvieron las ONG con el Gobierno español, los responsables del Ministerio de Exteriores les trasladaron que su pretensión era promover un tratado blando para obtener el máximo consenso internacional posible. Las ONG creen que una puerta abierta a un tipo de bombas de racimo supone la continuidad de su uso.
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