Creados en 1985, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Extranjería, estos centros dependen del Ministerio del Interior del gobierno español y cumplen la función de acoger a los extranjeros sin documentos —por un plazo máximo de 40 días— mientras esperan que su proceso de deportación se resuelva.
En diciembre de 2007, un informe financiado por el Parlamento Europeo respaldaba estas acusaciones. Según el documento, los CIE españoles "se parecen demasiado a cárceles, donde los internos están prácticamente confinados en sus celdas, con malas condiciones de salubridad y poco personal médico".
Los malos tratos también son mencionados en el estudio: "Los internos han denunciado numerosos actos violentos perpetrados por el personal de seguridad". El texto subraya, además, la "actitud irrespetuosa y humillante" hacia los inmigrantes.
Son cárceles y no deberían serlo.
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