La violencia sexista se ha cobrado la vida de seis mujeres en 2012 en Euskal Herria

Bilgune Feminista ha hecho público el balance del año sobre la violencia sexista en Euskal Herria, un balance que ha catalogado de «realmente cruel» y en el que se contabiliza la muerte de seis ciudadanas vascas: Caridad Rodríguez (marzo, Tolosa), Gabriela Arosemena (mayo, Durango), Mireia Sierra (mayo, Bilbo), Binta Keita (julio, Senpere), Leire Gutiérrez (agosto, Zierbena) y Tere Egurrola (noviembre, Araia).

«Medidas que comprendan la dimensión total» de la violencia sexista y «voluntad política», es lo que pide Bilgune Feminista (BF) en su balance anual que cataloga de «realmente cruel». El lado más grave de esta violencia, aunque no el único, son los seis asesinatos que se han producido durante este 2012.

Caridad Rodríguez tenía 39 años y era de Tolosa, fue asesinada en marzo por su pareja. Gabriela Arosemena tenía 23 años y era de Durango, murió en mayo. Mireia Sierra, 42 años, Deustua (Bilbo) falleció apuñalada por un vecino que contaba con numerosas denuncias por ataques a mujeres. Binta Keita, de 42 años y de Senpere, fue asesinada, al parecer, por su marido cuando esta decidió escapar de casa. Leire Gutiérrez, natural de Zierbena y de 29 años fue asesinada en Castro. Tere Egurrola, 65 años y natural de Araia, fue asesinada hace un mes por su marido. Además, BF ha recordado que la joven gasteiztarra Nora sigue desaparecida desde octubre de 2009.

Esta lista supone la cara más cruel de la violencia sexista, pero desde el organismo feminista han querido remarcar el carácter estructural de la violencia sexista y afirman que la situación social y económica «nos sitúa en una tesitura aún más grave», ya que suponen «un paso atrás impensable» en el camino labrado contra la violencia sexista. Bilgune hace referencia en su balance a los recortes en diversos ámbitos y a que son los sectores más desfavorecidos los que sufren, sobre todo, esta merma.

La plataforma feminista afirma que no se conformarán con «planes superficiales» y han solicitado «cambios reales» y «planteamientos estructurales novedosos».

Diferencias administrativas

En el balance anual BF recuerda los pasos, positivos y negativos, dados por las diferentes administraciones que gestionan el territorio vasco. Sobre Nafarroa han denunciado que se traten en un mismo organismo las políticas familiares y las referidas a la igualdad, y ha censurado la carencia de centros integrales para la atención a la mujer.

En Ipar Euskal Herria Bilgune se ha referido a la ley de 2010 que penaliza la violencia entre las parejas heterosexuales, pero ha denunciado que «en la práctica está llena de obstaculos». Como punto positivo, se han referido a la posibilidad abierta para que el aborto sea gratuito y al proyecto de ley sobre el matrimonio entre gays y lesbianas.

Kutxabank hace oídos sordos al clamor social y retoma los desahucios

La tregua que el presidente de Kutxabank, Mario Fernández, ofreció para no llevar adelante desahucios, tras el suicidio de una vecina de Barakaldo, ha terminado. Kutxabank ha activado todos los procesos, pero no quiere saber nada de la propuesta de EH Bildu para pararlos.

Con la misma rapidez que Mario Fernández, presidente de Kutxabank, respondió con la paralización de los desahucios tras el suicidio de Amaia Egaña en Barakaldo ante la presión social e institucional, ha cambiado de opinión y ha puesto en marcha todos los mecanismos para expulsar a las familias que no pueden hacer frente a los créditos hipotecarios, acogiéndose al decreto del Gobierno español.

La tregua ha durado diecisiete escasos días. Kutxabank hace oídos sordos a la demanda social y a la iniciativa política, ya que desde Euskal Herria Bildu demandaron la convocatoria de asambleas extraordinarias para tomar la decisión deoponerse a los desahucios y potenciar el alquiler social, entre otras reclamaciones. De momento, solo en Caja Vital se ha convocado la asamblea extraordinaria, por el nuevo presidente, Fernando Aranguiz, aunque no está claro que las demandas de EH Bildu se vayan a tratar. Ni Xabier Iturbe en Kutxa ni Mario Fernández en BBK todavía han dado vía libre a esas asambleas para tratar un tema tan delicado para muchas familias en estos momentos de crisis económica.

La Plataforma Kaleratzeak-Stop Desahucios Gipuzkoa anunció ayer que mañana llevarán a cabo una concentración ante la sede de Kutxa en la calle Garibai a las 12.00 para «manifestar nuestra repulsa ante las mentiras y la actitud de Kutxabank, que sigue desahuciando y dejando a familias enteras en la calle».

Desde aquel anuncio urgente de Mario Fernández, el pasado sábado 10 de noviembre, Kutxabank ha promovido desahucios en Getafe, en Barcelona y en Zaragoza, donde se paralizó porque el afectado cumplía los nuevos requisitos que el Gobierno español introdujo hace unos días. En Ordizia está previsto desahuciar este próximo lunes 17 de diciembre a una familia rumana con un alquiler. También está previsto otro en Santander para el día 19 de diciembre, entre los más urgentes.

Todos dependen de Kutxabank, como explicaron desde la Plataforma Kaleratzeak-Stop Desahucios Gipuzkoa. En este sentido, esa plataforma denuncia «la actitud y maniobras engañosas de Kutxabank, que mientras su dirigente Mario Fernández comunica que ha dado instrucciones para paralizar los desahucios, en realidad sus procuradores y letrados siguen solicitando de forma continua los desahucios de familias en los juzgados».

En este caso se encuentra Lorena, que va a ser expulsada de su vivienda, porque los letrados de Kutxabank exigen al juez que aplique el nuevo decreto. «Kutxa concedió un préstamo de 122.557,69 euros» para la adquisición de una vivienda en Errenteria. Supera en algo más de 2.000 euros la barrera fijada por el Gobierno español y, además, Kutxabank afirma que «en el Real Decreto Ley 6/2012 no se prevé medida alguna que contemple la suspensión de un lanzamiento (expulsión) en un procedimiento de ejecución hipotecaria. No hay causa para inaplicar la ley».

Kutxa creó a escondidas la Fundación Mirabide
Las irregularidades de Kutxa en relación a las fundaciones tiene un nuevo capítulo porque hace un año más o menos crearon la Fundación Mirabide, que quedó aprobada en marzo de 2012. Sin embargo, ha permanecido oculta, según indicaron representantes de Kutxa en la asamblea.

El presidente de la misma es Xabier Iturbe que es, a su vez, presidente de Kutxa. Con la puesta en marcha de Mirabide, se confirma la actitud privatizadora del PNV para garantizarse el control de estos patronatos que dependían de la caja de ahorros. En teoría se dedicará al apoyo a la investigación científica y promoverá su divulgación. La dotación económica con la que partió ascendió a algo más de cinco millones, además del patrimonio adscrito.

En realidad la reordenación de la obra social de Kutxa ha estado rodeada de bastantes problemas y denuncias por parte de la izquierda abertzale. Un caso paradigmático fue Onkologikoa Fundazioa, que se creó antes de la asamblea en 2010, sin informar a la misma y que provocó una salvedad en la auditoría.

Juanjo Basterra (Gara, 11 diciembre 2012)

La Banca Armada

El Centro de Estudios por la Paz Delàs ha elaborado un informe que analiza las vinculaciones de la banca con la industria armamentística en el Estado español.

BBVA y Santander, a la cabeza de la inversión en la industria militar.

 

Según explicó ayer Jordi Calvo, del Centre Delàs Por la Paz, la forma en la que la banca interviene en el entramado armamentístico es tan compleja como variada. Un banco puede poseer acciones en empresas de armamento o simplemente financiarlas. Si emplea alguna de estas dos vías, se puede seguir la pista de qué entidad invierte en qué empresa. Pero no es siempre tan fácil.

Hay fórmulas más sutiles de sumarse al pastel del negocio de la guerra, como ayudar a colocar emisiones de bonos y pagarés o, incluso, ofrecer a los clientes de cada banco que pongan dinero en determinados fondos de inversión que incluyen a empresas de este tipo. Además, existe una vía aún más opaca, que es la financiación de las transacciones de armamento de un país a otro. 

Normalmente, las compras de armas entre países se hacen en cantidades económicas muy abultadas. Eso provoca que se tengan que pagar a plazos y ahí es donde intervienen los bancos, ofreciéndoles cobertura. La dificultad para indagar en este entramado de transacciones radica en que solo hay un país en el mundo donde se hagan públicas estas operaciones y quién las financia. Ese país es Italia y, entre las empresas que financian la compraventa de armas italianas, figura el BBVA. Cabe apuntar aquí que Roma ha vendido armas por valor de 16.000 millones en la última década.

Debido a esta complejidad, el centro Delàs explica que el informe no es completo. Básicamente, afirman que «no están todos los que son, pero que son todos los que están». Además de las entidades del macabro top diez, el informe apunta a otras 50 entidades con ramificaciones dentro del entramado de la industria militar. Según Calvo: «Es suficiente que un banco aparezca en la lista como para que los clientes se replanteen dónde quieren dejar sus ahorros».

Contrariamente a lo que se vende en las películas, el grueso de la industria armamentística se mueve dentro del mercado legal. Las principales empresas de armamento, como Boeing o la Lockheed Martin, no arman guerrillas, sino que equipan ejércitos. Y el mercado está en auge. El Centro Delàs ha investigado la producción de armas en el Estado español desde hace diez años y el gasto en armamento ha pasado de mil millones a 4.000.

 

La empresa CAF se encuentra en Gipuzkoa y sus orígenes se remontan a 1860. Su negocio principal se encuentra en la fabricación de trenes y de vagones. Sin embargo, un 5% de su producción tiene una finalidad militar, según el Centro Delàs. En concreto, se dedicaría a realizar blindajes para carros de combate. La postura de Calvo a este respecto es tajante: «Si es sólo un 5% cuesta menos erradicarlo. Mientras tenga ese tumor, consideraremos a CAF dentro de las empresas que tienen armamento y los bancos que la financian seguirán en la lista». La Kutxa tiene el 27,52% de las acciones de CAF, la BBK, el 5,81% y la Vital posee el 1,65%. La valorización según ventas de estas acciones es de 9,39 millones de euros, lo que les coloca en novena posición del ranking.

 

En total, Banca Cívica tiene invertidos 34.257.540 euros en empresas armamentísticas. A través de Cajasol (y su filial Carisa) participa también de CAF, pero esta es casi la menor de sus inversiones (valorada en 978.269 euros). Cajasol en solitario participa también en Alestis que se dedica a la fabricación de componentes en fibra de carbono para el avión militar A400M.

 

El grueso de la implicación militar de Banca Cívica se produce a través de Tecnobit donde Caja Navarra controla un tercio de las acciones (y Caja Burgos otro 6%). La producción militar de Tecnobit no es residual, como en CAF, sino que el 85% de su trabajo está destinada al armamento. La empresa se dedica a plataformas y sistemas de armamento y protección, así como a desarrollar sistemas de combate y comunicaciones tácticas. En concreto, Tecnobit es la empresa encargada de colocar las lanzaderas de la pequeñas alas de los helicópteros Tiger europeos. Esas lanzaderas están hechas a medida para instalar misiles de fabricación israelí en el nuevo helicóptero (de la misma forma que el Apache americano porta misiles Hellfire). Asimismo, fabrica zepelines de vigilancia en un proyecto conjunto con Aerostar. La parte de Tecnobit que pertenece a Banca Cívica supera los 20 millones de euros en valor de mercado.

La segunda inversión, por importancia, es la de Amper a través de Cajasol y Caja Burgos. Esta empresa desarrolla equipos electrónicos y sistemas de comunicación para Defensa. En concreto, su especialidad son las radiocomunicaciones militares, además de sistemas de protección de infraestructuras y control de fronteras. Las acciones de Banca Cívica en Amper están valoradas en más de cuatro millones de euros.

Por otro lado, Aciturri se dedica al diseño de motores y partes de los programas Eurofighter o el EFA 2000D. En cuanto a Aernnova, sólo el 10% de su producción es militar. Aun así, surte de materiales necesarios para la fabricación de las alas y las hélices del avión A400M.

Protesta contra los desahucios en Bilbao

Miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas se han concentrado esta mañana frente a la sede central de la BBK, en la Gran Vía de Bilbao, para protestar por las subastas de viviendas de afectados.

Desde el inicio de la crisis, a finales de 2007, los desahucios han crecido en el País Vasco un 62,4%, hasta una media de siete al día.

La plataforma reivindica la dación de pago, es decir ofrecer el piso como moneda de cambio para acabar con la deuda contraída con la entidad de ahorro, como una manera de aliviar los problemas de quienes no pueden hacer frente a sus hipotecas debido a la crisis.

Centros de Internamiento de Extranjeros, campaña para su cierre

Organizaciones de Derechos Humanos, asociaciones de inmigrantes, movimientos sociales han iniciado un proyecto unitario de lucha contra la represión, criminalización y violación de los derechos de las personas migrantes.

“Nos quitaron la justicia y nos dejaron la ley”. Con esta cita de Eduardo Galeano concluye el manifiesto que se ha gestado en el Encuentro Estatal por el cierre de los CIE al que han asistido más de 100 representantes de asociaciones de Madrid, Euskadi, Cataluña, Andalucía y el País Valenciano. Más de treinta colectivos han aunado sus luchas contra unos centros en los que se encierra hasta sesenta días a personas que han nacido en otros países con el fin de almacenarlas hasta que se tramite el expediente de expulsión.

A pesar de que los CIE se definen como “centros no penitenciarios” son evidentes las similitudes con las prisiones. Desde Barcelona denuncian la estructura carcelaria del centro de Zona Franca, “hay celdas con barrotes, sala de visitas con mamparas y celdas de aislamiento” denuncia Cristina Fernández del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos. Esta estructura se repite en los diez CIE oficiales repartidos en Valencia, Málaga, Algeciras, Madrid, Murcia o las islas Canarias. De hecho en Madrid la antigua cárcel de Carabanchel se utiliza actualmente como CIE.

Parte de la ciudadanía se ha rebelado contra el hecho de que por cometer una falta administrativa, es decir, estar en situación irregular, se prive de libertad a las personas. Cristina de la Serna, coordinadora del grupo de trabajo sobre migrantes de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH) advierte de que las políticas de internamiento preventivo en CIE son “ilegales y contrarias a los compromisos adquiridos por España en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos puesto que violan el principio de no discriminación”.

A raíz del Encuentro Estatal de colectivos en lucha contra los CIE, se han compartido experiencias y elaborado los cimientos de futuras colaboraciones. “Este encuentro es importante para coordinar estrategias y poder realizar el seguimiento de un caso concreto, por ejemplo si trasladasen a algún interno de Valencia a Barcelona, así evitamos que las víctimas se queden en la nada” afirma Cristina Fernández del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universitat de Barcelona. Gerardo Márquez, de la Coordinadora de inmigrantes, afirma que “luchar contra un CIE es una lucha común ante la pérdida de derechos en general”.

El objetivo de esta campaña es impedir que se repitan casos como el de F.J. Esta joven nigeriana se vio obligada a huir de su país por sufrir maltrato, abusos sexuales y explotación laboral. Tras cruzar un mar en el que han muerto más de 20.000 personas según “A desalambrar”, logró llegar a Granada pero la detuvieron y le practicaron unas pruebas óseas que determinaron que tenía más de 18 años. “Sin embargo existe un margen de error de 18 meses y además ella declaró haber nacido en 1994” denuncia la presidenta de Andalucía Acoge, Manmen Castellano. A pesar de ello ingresó en el CIE de Málaga y un mes después fue expulsada, desoyendo las peticiones del Defensor del Pueblo Estatal.

Desde la Campaña Estatal exigen el cierre de todos los CIE y por ende “el desmantelamiento de todos los dispositivos que impiden a las personas salir de sus países, llegar, y vivir en otros o vivir en su propio territorio” por ello piden la derogación de la Ley de Extranjería y la Directiva Europea del Retorno, que estipula que una persona migrante pueda estar presa en un CIE hasta 18 meses”. El internamiento en CIE constituye además una vulneración del derecho a la libertad y seguridad personales proclamado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. De hecho el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias o el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes -ambos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU- afirman que “no debería privarse del derecho a la libertad de las personas sobre la base de su situación migratoria”.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU coinciden en que la privación de libertad de personas migrantes en situación irregular solamente puede ser adoptada como último recurso y cuando no se puedan aplicar medidas que no restrinjan la libertad ambulatoria. En palabras de Cristina de la Serna, “dado que el Estado español tiene medios suficientes para aplicar en todos los supuestos medidas alternativas menos coercitivas -y previstas por la propia ley española, como la permanencia en centros abiertos o la notificación periódica a las autoridades-, la medida de internamiento en CIE debería ser eliminada de la legislación de extranjería”.

Acciones de repulsa contra las “cárceles encubiertas”

Desde la Campaña denuncian que el “Estado español, cómplice de las regresivas políticas europeas, ejerce una constante represión de las personas refugiadas y migrantes, practicando sistemáticas identificaciones y redadas policiales racistas”. Una respuesta rápida de la sociedad civil ha sido la creación de las Brigadas Vecinales, en Madrid ya se ha formado a 150 brigadistas que se encargan de fiscalizar el cumplimiento de los derechos humanos de las personas migrantes.

A lo largo de todo el Estado se multiplican las acciones contra estas cárceles encubiertas, “A desalambrar”, un colectivo que aspira a la cultura de la no violencia, organiza en Madrid los primeros viernes de cada mes los “Círculos de Silencio”; “en silencio por respeto a los que sufren, para poder escuchar con el corazón puesto en los presos, en sus familias, en sus amigos” afirman. También se suceden concentraciones periódicas ante la puerta del CIE o en plazas emblemáticas, como la que organiza la Plataforma de Valencia cada último martes.

Las victimas de trata

Un colectivo especialmente sensible que se ve inmerso en estos mecanismos de expulsión y represión son las víctimas de trata. “Teóricamente tienen derecho al asilo” apunta Gema Fernández de Women’s Link Worldwide, “sin embargo, en la práctica la gran mayoría son deportadas o pueden acceder a protección si colaboran con la policía” añade. El artículo 59 de la Ley de Extranjería estipula que “el extranjero que se encuentre irregularmente en España y sea víctima de un acto de tráfico ilícito (…) no será expulsado si denuncia a los autores (…) y colabora con las autoridades competentes proporcionando datos esenciales”. Al pie de la letra se ajusta el caso de una mujer brasileña, explotada en Ourense, que ingresó en el CIE de Madrid. La mujer decidió colaborar, la sacaron del CIE, pero como la policía no logró los resultados esperados en su investigación no le ofrecieron protección. Tiempo después le denegaron el permiso de residencia.

Desde “Women’s Link Worldwide” advierten de la “falta de protección de las víctimas de trata”, dicha entidad fue la que gestionó junto a “Málaga Acoge”, el caso de la única víctima de trata que ha conseguido salir de un CIE a través del período de reflexión. Esa víctima es A.M de Ghana. Esta joven llegó en patera a Motril, donde fue enviada a un hospital y a pesar de sufrir una enfermedad infecto-contagiosa la internaron en el CIE de Málaga sin tratamiento. Tras presentar una queja al Defensor del Pueblo estatal por su estado de salud y por la posibilidad de ser víctima de trata y solicitar a Subdelegación del Gobierno en Granada el período de reflexión, el 9 de julio del 2010 se le concedió.

Al mismo tiempo que en Valencia se intercambiaban experiencias y estrategias, este fin de semana Migreurop y Alternatives Européenes celebraban en París un encuentro en el que se denunciaban la existencia de los CIE. Si el año pasado el 18 de diciembre se celebraron simultáneamente movilizaciones contra estos centros en Valencia, Málaga, Barcelona o Madrid, este año la fecha se internacionaliza: el Foro Social Mundial de Dakar ratificó el 18 de diciembre como una cita mundial para defender los derechos de las personas migrantes, iniciativa a la que se suma la Campaña Estatal por el cierre de los CIE

El movimiento contra los Centros de Internamiento de Extranjeros se consolida y a través de esta Campaña estatal se proponen derribar los muros de los diez CIE en todo el Estado, pero también los muros invisibles que se cimentan a base racismo. Ayer se celebró en Valencia el primer acto conjunto en tanto que Campaña estatal, una concentración en la que predominó un lema: “Ningún ser humano es ilegal”.

Periodismo Humano

Niños somalíes lloran de hambre

Se están registrando casos de familias desesperadas que se ven forzadas a abandonar a sus bebés en el campo de refugiados de Dadaab mientras aumenta el número de niños y niñas que llegan solos desde Somalia.

En los últimos meses hemos registrado cifras récord de niños y niñas separados de sus padres que se encuentran con familias de acogida, incluyendo un pequeño número de bebés abandonados por sus padres tras llegar a los campos.

No está claro por qué han sido abandonados, pero según el personal se trata de la desesperación que sienten los padres, que han caminado semanas sin comida, agua ni refugio hasta los camapamentos.

Nasib, de dos meses, fue encontrado junto a una carretera por una mujer que lo llevó a una comisaría. Los policías le pidieron que le cuidara mientras investigaban el caso. Save the Children trabaja muy de cerca con la policía para encontrar a los padres de Nasib y está ayudando a su familia de acogida mientras tanto.

Otro bebé, Naifin, fue abandonado en la casa de un refugiado registrado por su madre, que acababa de llegar a Somalia. Pidió quedarse allí una noche y huyó, dejando a su hijo en la casa. Ambas familias están siendo tratadas por el equipo de protección infantil de Save the Children en Dadaab.

“No podemos ni imaginar la desesperación de los padres que dejan a sus hijos de esta manera”, explica nuestro compañero Prasant Naik, director de Save the Children en Kenia. “Tras caminar desde Somalia sin comida ni agua, está claro que algunos padres sienten que no pueden cuidar de sus hijos, aún habiendo llegado al campo para conseguir ayuda”.

“Sabemos que algunos padres están mandando a sus hijos a Dadaab solos y otras familias se están diviendo por el camino. No puede haber un indicador más evidente de lo terrible que es la situación para algunas familias”

El personal de protección infantil ha visto un gran aumento del número de niños y niñas que llegan desde Somalia sin sus familias desde que empezó la crisis. En julio, Save the Children ayudó a 80 que llegaron solos al campamento, en comparación con los 22 en el mismo mes del 2010.

Los niños y niñas separados de sus padres afrontan graves riesgos, incluyendo abuso sexual, trabajo forzado o la posibilidad de verse atrapados en la violencia de Somalia durante su viaje a Dadaab. Son además más vulnerables a la malnutrición y las enfermedades que los niños que permanecen con sus padres.

Más de 40.000 personas llegaron a Dadaab en julio, el mayor número registrado en los 20 años de historia del campo. Save the Children trabaja en los centros de recepción, identificando a los niños y niñas que no vienen acompañados.

Save the Children

No olvidar a los niños y niñas

UNICEF asegura que con nuevas vacunas se evitarán 4 millones de muertes de niños

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia UNICEF anima a los países desarrollados a favorecer la distribución de vacunas entre los países más empobrecidos para reducir la mortalidad infantil, asegurando que con su apoyo y colaboración se podrían salvar más de cuatro millones de vidas hasta 2015.

Este es el objetivo de esta entidad, que junto con la Alianza Gavi organizará la próxima semana en Londres una cumbre sobre inmunización para instar a los dirigentes mundiales a que den prioridad a los niños que no tienen acceso a vacunas que pueden salvar sus vidas.

Actualmente, según datos de UNICEF, uno de cada cinco niños no recibe ningún tipo de vacuna y cerca de dos millones siguen muriendo cada año debido a enfermedades que se pueden evitar mediante la vacunación.

"Tenemos las vacunas y los conocimientos técnicos para salvar millones de vidas de niños", reconoce Anthony Lake, director ejecutivo de UNICEF, que participará en la conferencia de Londres.

Por ello, propone "equiparar tales conocimientos con el compromiso para ayudar a los niños más pobres, más vulnerables", asegurando que "ninguna campaña de inmunización puede tener pleno éxito si no llegamos a quienes se encuentran más aislados".

UNICEF participa en todas las etapas del proceso de inmunización, ya que suministra vacunas al 56 por ciento de los niños del mundo (58% en 2010) y trabaja sobre el terreno en más de 150 países.

Pero, además de ampliar la cobertura para llegar a los más aislados, es preciso centrarse también en la incorporación de nuevas vacunas de gran eficacia en países que no tienen acceso a ellas.

Según recuerda este organismo, la neumonía y la diarrea causan una tercera parte de todas las muertes infantiles, si bien en la actualidad existen nuevas vacunas contra algunas causas de estas enfermedades mortales.

Un total de 22 millones de niños y niñas refugiados no tienen garantizado el acceso a la educación.

Un total de 22 millones de niños refugiados y desplazados siguen sin tener garantizado el acceso a la educación, según han indicado la subdirectora del Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérida y Caribe, Merlys Mosquera, y el delegado de Entreculturas Aragón, Francisco Mallén, durante la presentación del informe 'Educación en tiempo de espera'.

Así, el estudio pone de manifiesto la vulneración del derecho a la educación de millones de personas refugiadas y desplazadas, a pesar del reconocimiento internacional de este derecho. El informe se centra en Colombia y Sur de Sudán, los dos países con el mayor número de población desplazada en el mundo.

En una rueda de prensa este lunes en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, Merlys Mosquera ha explicado que la mayoría de los refugiados pertenecen a África y Asia. Sin embargo, el sistema de refugiados por el que se rige Naciones Unidas, "no encuadra a personas que huyen de una amenaza generalizada" y a aquellos que "se refugian dentro de su propio país, sin salir de sus fronteras".

Esto se debe a que "la Convención y Protocolo de Ginebra --por el que se rige el sistema de protección a los refugiados se elaboró después de la II Guerra Mundial, cuando se realizó una definición centrada en aquellas personas forzadas a desplazarse fuera del país por conflictos armados".

Uno de los puntos más importante en el trabajo de las ONG que han realizado el informe -Entreculturas y Servicio Jesuita a Refugiados- es la educación a personas que se han visto en situación de refugio o desplazamiento.

"Tener que salir del país representa una ruptura violenta con el propio entorno", lo que afecta sobre todo a "aquellos sectores sociales más vulnerables, como los niños, en los que genera angustia, vacío y, en ocasiones, se ven obligados a asumir el rol de adultos".

Así, ha explicado la subdirectora del Servicio Jesuita a Refugiados-Latinoamérica y Caribe, que "muchas veces la continuidad del aprendizaje de los niños se puede ver interrumpida". "En Haití hay 1.200.000 personas desplazadas, en un país donde además hay un fuerte problema de educación, ya que más del 80 por ciento de las escuelas son privadas", ha señalado.

"Hemos descubierto casos en países como Ecuador donde se ha hecho un comercio humano con adolescentes y jóvenes haitianos ofreciéndoles becas con oportunidades educativas. Les pedían dinero para las becas, los llevaban a Ecuador y, una vez allí, no tenían acceso a los estudios, por lo que les hacían empezar a trabajar y vivir en condiciones infrahumanas"